El fallo contra Chiquita por financiar paramilitares abre un precedente en responsabilidad empresarial. El veredicto podría inspirar demandas similares en toda América Latina.
Fueron 17 años de larga espera para las nueve víctimas del conflicto armado colombiano que denunciaron a la multinacional bananera Chiquita por su vinculación con el paramilitarismo en Colombia.
Finalmente, el lunes (10.06.2024), llegó el veredicto de un tribunal de Florida: Chiquita debe pagar a ocho de los nueve demandantes una indemnización de entre 2 y 2,7 millones de dólares por financiar entre 1997 y 2004 a las Autodefensas Unitarias de Colombia (AUC), responsable de asesinatos en la zona de Urabá.
En 2007, la empresa bananera fue investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y admitió ante un tribunal federal haber pagado 1,7 millones de dólares a las AUC, alegando que fue para proteger a sus trabajadores. Las autoridades estadounidenses le impusieron una multa de 25 millones de dólares, pero este dinero no fue destinado a las víctimas.
Este fallo fue el punto de partida de la demanda actual, apoyada por EarthRights International.
Un pasado oscuro
La historia de Chiquita en Colombia está manchada de sangre desde que operaba como United Fruits Company. En 1928, esta empresa estuvo en el centro de una masacre cometida por el Ejército colombiano de trabajadores en huelga, conocida como la «masacre de las bananeras», que dejó un número indefinido de muertos.
Sobre el reciente fallo contra Chiquita, Daniel Cerqueira, de la Fundación Para el Debido Proceso, en entrevista con DW, comenta: «Para Chiquita, esto tiene un coste reputacional enorme. En definitiva, las operaciones de la empresa en todo el mundo tendrán que ser mucho más cautelosas».
También porque otras más de 7.000 personas han interpuesto acciones legales contra Chiquita por vínculos con el paramilitarismo. La multinacional bananera ha anunciado que apelará la sentencia.
Un fallo histórico
«Es la primera vez que un jurado en Estados Unidos ordena una indemnización de una empresa por violaciones de derechos humanos fuera de Estados Unidos», dice Daniel Cerqueira. Este caso podría inspirar futuras demandas similares en otros países.
No es la primera vez que empresas multinacionales se enfrentan a acusaciones de violencia en Colombia. La minera Drummond y Coca-Cola también han sido señaladas por financiar grupos paramilitares..
Los casos Drummond y Coca-Cola
La empresa minera Drummond ha enfrentado dos procesos civiles en Estados Unidos por presunta financiación de grupos paramilitares para proteger sus operaciones mineras, lo que habría resultado en la intimidación y asesinato de líderes sindicales y comunitarios. Aunque la Justicia estadounidense rechazó las pretensiones, en enero de 2024 la Fiscalía de Colombia dio a conocer que llamará a juicio a 72 empresarios de la firma.
En un caso parecido, Coca-Cola fue acusada de diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo presuntos vínculos con grupos paramilitares para reprimir la actividad sindical, que tuvo como consecuencia el asesinato de más de diez sindicalistas. La denuncia, presentada en 2002 ante un juez de la Corte del Distrito de Miami (Florida), fue archivada en 2009, pero sigue siendo un caso emblemático.
Casos internacionales
Otros países latinoamericanos han enfrentado casos similares. En 2017, Earth Rights International demandó a miembros del Grupo del Banco Mundial por financiar a la empresa agraria Dinant en Honduras, acusada de ataques y matanzas contra agricultores. En noviembre de 2023, las partes llegaron a un acuerdo para finalizar el caso.
En enero de 2019, una represa en una mina de hierro en Brumadinho, Brasil, colapsó, matando a 272 personas y contaminando el río Paraopeba con lodo tóxico. La subsidiaria brasileña de la consultora alemana TÜV SÜD había confirmado la seguridad de la represa solo cuatro meses antes, a pesar de los riesgos conocidos. En octubre de 2019, víctimas del desastre presentaron una denuncia contra TÜV SÜD ante la fiscalía pública de Múnich.
Defensas agresivas de las empresas
Estos procesos son complejos y con frecuencia se prolongan durante años. Daniel Cerqueira explica que esto también tiene que ver con las agresivas prácticas de defensa de las compañías.
«Las grandes empresas gastan más en defensa legal de lo que pagarían en indemnizaciones, para evitar abrir un precedente», explica el abogado. Gimena Sánchez, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), añade que las empresas contratan subsidiarios locales para distanciarse de los hechos, complicando la persecución de responsabilidades.
Futuro de la justicia
Actualmente, no existe un tratado internacional vinculante que regule las obligaciones extraterritoriales de las empresas, aunque «está claro que el derecho internacional consagra la responsabilidad de los países de origen de las empresas», dice Daniel Cerqueira.
El fallo del tribunal estadounidense podría llevar a que la Fiscalía reabra casos similares en Colombia, comenta Gimena Sánchez. Sin embargo, los pagos a grupos armados por parte de empresas internacionales siguen ocurriendo en muchas áreas del país, «donde operar sin pagar extorsión es casi imposible».
La experta señala que la situación es más compleja debido a la fragmentación de los grupos y a que el apoyo financiero se realiza de manera menos formalizada que en el caso de Chiquita.
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